La prohibición del comercio de las sustancias derivadas de la Hoja de Coca, Marihuana y Amapola se da con la Ley 11 de 1920, para satisfacer intereses económicos, ideológicos, culturales, religiosos y moralistas de las elites colombianas; desde 1920 se comienza a expandir y a profundizar la inquisición prohibicionista, en la que con cada decisión político-normativa se tipifican conductas relacionadas con el tráfico de sustancias que forman habito pernicioso, como el cultivo, elaboración, distribución y transporte. Para 1939 se comienza a evidenciar el desarrollo mafioso de los narcotraficantes, quienes irónicamente se enriquecen y fortalecen a medida que se intensifica la legislación prohibicionista; con la Ley 45 de 1946 se amplía el espectro punitivo, que pasa de sancionar a los involucrados directos en la cadena del negocio del narcotráfico, a castigar a los que permitan o presencien el consumo y tráfico de estupefacientes en casas o establecimientos comerciales. Estos primeros pasos de la evolución normativa gobernada por la cruzada prohibicionista se hacen tan imperantes a nivel internacional como nacional, que se crean nuevas figuras y mecanismos jurídicos, instituciones y programas políticos, con el fin de fortalecer la lucha –tal y como se conoce- contra el consumo y tráfico de estupefacientes.