El Estado colombiano ha desarrollado una política de enfoque diferencial étnico acompañada de mecanismos para garantizar una protección constitucional preferente a los grupos indígenas en Colombia. Estos colectivos étnicos se han reconocido en circunstancias de debilidad manifiesta dentro del conflicto armado, dada la gravedad y amplio número de acciones como el desplazamiento forzado del que han sido víctimas y que ponen en peligro su existencia y el goce de sus derechos constitucionales y colectivos, en especial aquellos relacionados con su identidad y territorio. El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia incorpora en su capítulo étnico algunos componentes prioritarios que ponen sobre la mesa diversas propuestas y ejes de acción centrales que van desde una reforma rural, atención a víctimas y mecanismos de coordinación con la jurisdicción indígena, consulta previa, participación en política, cultivos ilícitos y garantías de seguridad hasta la creación de estrategias para su implementación y verificación.