Durante las últimas tres décadas Colombia ha adoptado cambios institucionales y normativos con el fín de garantizar que los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna. El Gobierno Nacional tiene en la construcción y adquisición de vivienda una prioridad para el desarrollo social y económico, dado el peso significativo que desempeña la riqueza materializada en vivienda dentro del conjunto de la riqueza neta del sector privado, lo que convierte al sector de la construcción en uno de los sectores claves en la economía de cualquier país. Al mismo tiempo, para la mayor parte de las familias los gastos relacionados con la vivienda (pago de una hipoteca o de un alquiler, gastos de mantenimiento o mejora) representan un alto porcentaje de su renta disponible, constituyendo la adquisición de una vivienda el activo más importante de sus carteras. Estas dos circunstancias han hecho que la política de vivienda adquiera un papel relevante en el moderno estado del bienestar.